Regulación sobre la ejecución de la hipoteca

Regulación sobre la ejecución de la hipoteca
La regulación en relación con el procedimiento de ejecución de la hipoteca ha sido en los últimos tiempos objeto de sendas modificaciones con la finalidad de ofrecer una mayor protección a los ciudadanos así como para alinearse con la normativa que sobre la materia de protección de consumidores existe en la Unión Europea.

Los Tribunales se enfrentaban a numerosos asuntos en los que, como consecuencia de la imposibilidad para hacer frente a las cuotas de una hipoteca, una familia se veía despojada de su vivienda en un procedimiento de ejecución en el que la venta forzosa del bien inmueble era casi automática sin entrar a discutir el fondo del contrato que había generado la situación y que muchas veces ni daba lugar a la extinción de la deuda. Por este motivo, se creó la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, conocida por el público como Ley Antidesahucios, que buscaba una ampliación de los casos en los cuales la oposición a la ejecución era más plausible a través de la alegación de la existencia de causas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario.

Esta ley no terminó de mejorar la situación de los deudores hipotecarios y paralelamente desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha manifestado que esta nueva legislación procesal supone un quebranto en la protección al consumidor, ya que la redacción del nuevo articulado aún mantiene rasgos de protección incompleta e insuficiente al deudor. En concreto, la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014 establece que la redacción del artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el deudor ejecutado no puede recurrir la resolución por la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el ejecutante sí puede hacerlo contra la resolución que acuerde la paralización de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva es contraria a la protección que se tienen que hacer del deudor hipotecario.

La regulación sobre el ámbito de los préstamos hipotecarios es ardua y los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria con la correspondiente oposición del deudor suponen procesos complejos en los que es necesario contar con abogados profesionales y especialistas en esta materia que puedan argumentar y defender los intereses del deudor de manera eficiente y justa.

Se añade a todo ello, que la problemática es actual y grave porque afecta a muchos ciudadanos en nuestro país y desde el poder judicial se busca que la protección del consumidor se respete en todo momento instando al gobierno a realizar las modificaciones necesarias en la Ley para que ello ocurra, es decir, que los cambios legislativos están a la orden del día y se hace necesario contar con información detallada y clara acerca de los plazos, actuaciones y prórrogas que existen en este sentido, lo que le puede ofrecer un abogado especialista en esta materia.
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